lunes, 24 de octubre de 2022

Transformación digital y reactivación económica

Columna publicada en el portal Voz de Oriente, en julio de 2020.

La transformación digital se refiere al proceso estratégico y organizativo mediante el cual una entidad o empresa adopta tecnologías digitales en todas sus áreas y operaciones, con el objetivo de mejorar su eficiencia, agilidad y capacidad de respuesta, así como proporcionar nuevas experiencias y propuestas de valor a clientes, empleados y otras partes interesadas. Esta transformación implica cambios profundos en la cultura, estructura, procesos y modelos de negocio, aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la nube, la automatización y la Internet de las cosas. La transformación digital busca optimizar y reinventar los procesos, generar nuevos productos y servicios, y crear un entorno digitalmente conectado y centrado en el cliente, con el fin de mantener la competitividad y adaptarse a los rápidos cambios del entorno empresarial y social.

Los desafíos propios de la crisis que se vive como consecuencia de la pandemia de covid-19, y en especial las medidas sanitarias obligatorias centradas en el aislamiento social, han enfrentado a gobiernos y empresas ante la necesidad imperativa de implementar cambios culturales, tecnológicos y procedimentales como parte de su estrategia de evolución hacia un nuevo escenario.

El término “transformación digital” se ha convertido en una frase común en el contexto de la reinvención y adaptación tanto de las organizaciones públicas como privadas, sin embargo, no existe una claridad sobre las implicaciones que esto conlleva. Se podría definir transformación digital como un enfoque estratégico que busca la integración de tecnologías digitales en todos los procesos de una empresa, con el propósito de orientar su funcionalidad bajo nuevos parámetros.

En este orden de ideas, su objetivo fundamental es optimizar los procesos de forma innovadora, mejorando la competitividad y ofreciendo nuevas formas de valor agregado para los clientes, incorporando el uso de la tecnología y la conectividad en el logro de las metas.

Un enfoque simplista y significativamente erróneo es considerar que la transformación digital se trata de comprar computadores basados en tecnologías de punta o almacenar datos del negocio en servidores de Internet (en la nube). La transformación digital con miras a la sostenibilidad de las empresas exige un cambio en la estructura de pensamiento de los directivos y los empleados de las organizaciones, repensar los procesos y las estructuras funcionales, de tal forma que se logre un máximo aprovechamiento de las ventajas de la digitalización.

Es importante señalar que cuando se habla de tecnologías digitales se hace referencia a la aplicación de técnicas de ingeniería para desarrollar mecanismos y sistemas de información que permitan automatizar determinados procesos. De esta forma, las personas involucran a su quehacer laboral, de aprendizaje o de entretenimiento, elementos electrónicos, de gestión, de información y de telecomunicaciones que brindan la posibilidad de optimizar la forma como se desarrollan las actividades y facilitan la convergencia de distintas actividades sensoriales, mediante la integración de conocimiento, textos, imágenes, videos, animaciones, sonido y datos, entre otros.

“Las tecnologías digitales están transformado el mundo de los negocios, del trabajo y de la administración pública”, manifestó Jim Yong Kim, quien hasta 2019 se desempeñó como Presidente del Banco Mundial. De igual forma, afirmó que “Debemos continuar conectando a todas las personas para que nadie quede a la zaga, porque la pérdida de oportunidades tiene un costo altísimo. Pero para que los dividendos digitales puedan compartirse ampliamente entre todos los segmentos de la sociedad, los países también deben mejorar el clima de negocios, invertir en la educación y la salud de las personas, y promover el buen gobierno”.

Como consecuencia de las políticas de aislamiento, las empresas visionarias han desarrollado plataformas en-línea, capaces de proporcionar canales efectivos de comunicación con los mercados y por ende con sus clientes. Para esto se han implementado tecnologías tales como líneas de atención telefónica especializada, sitios web interactivos y programas informáticos con los cuales es posible mantener una conversación (Chatbots), tanto para solicitar información como para recibir asistencia técnica con respecto a una determinada situación. De forma general, se han adoptado nuevas metodologías que favorecen la experiencia del cliente durante las etapas del proceso de compra de un producto o servicio, llevándolo en algunos casos a una experiencia casi in situ.

Ante las tendencias descritas, es comprensible que surjan interrogantes de las microempresas y pequeños negocios sobre las necesidades de inversión que demandaría un proceso de transformación digital, y la respuesta puede ser que si se pone en juego la creatividad junto a un poco de recursividad, es posible que no se requieran altas sumas de dinero; por ejemplo, una ferretería puede abrir una página web en un sitio gratuito, donde presente su lista de productos y precios, habilitar una línea de Whatsapp para atender a clientes y recibir los pedidos, y podría activar una cuenta de recaudo virtual para la gestión de las consignaciones y transferencias de dinero.

De otro lado, este escenario de cambio propone una nueva realidad para la empleabilidad, según las cifras entregadas por las autoridades, el desempleo ha alcanzado niveles históricos en Colombia y el mundo. Las personas que deseen seguir siendo hacer parte de la población económicamente activa del país, deberán igualmente, involucrarse en un proceso individual de transformación digital, es decir, desarrollar competencias y habilidades digitales, así como aprender a utilizar técnicas y herramientas que les permitan desenvolverse en las nuevas dinámicas empresariales de reactivación económica.

A manera de conclusión, resulta interesante analizar las palabras de David Ortiz, Gerente de Siigo, una compañía de software contable y administrativo: “El mundo se vio frente a una serie de transformaciones drásticas y repentinas que cambiaron permanentemente muchas de las costumbres y hábitos que tenían las empresas para posicionarse y convivir con sus clientes y competidores. En una nueva realidad donde la prioridad es la reactivación y el entendimiento del entorno, ser capaces de hacer la transición al mundo digital de la mano de las herramientas adecuadas, se convierte en una decisión clave para cualquier compañía”.

Los desafíos del comercio electrónico en Colombia

Columna publicada en el portal Voz de Oriente, en agosto de 2020.

El comercio electrónico o e-commerce es el término con que se denomina a las transacciones comerciales de productos o servicios que se realizan a través de páginas web; generalmente este concepto abarca de forma amplia las actividades de compra, venta, distribución, mercadeo y suministro de información. 

Originalmente cuando se hablaba de comercio electrónico se hacía referencia a la realización de transacciones comerciales mediante medios electrónicos basados en telecomunicaciones, sin embargo, con la masificación de la Internet a finales de los años 90, el término se ha trasladado a todas las operaciones que se realizan a través de plataformas web.

Al respecto, resulta relevante aclarar que aunque los términos Internet y web se utilizan muchas veces de forma indistinta, son dos cosas diferentes: Internet la gran “red de redes”, es una inmensa red computacional distribuida alrededor de todo el mundo y que utiliza diversos medios de telecomunicaciones, de forma tal, que cualquier computador puede comunicarse con otro sin importar en que lugar del planeta se encuentren, siempre y cuando tengan disponible una conexión a dicha red; mientras que la web, es probablemente el servicio más grande que funciona sobre la Internet y consiste en un modelo de interconexión de sitios web basado en enlaces que facilitan compartir la información, esta tecnología de comunicación se conoce con el nombre de HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertextos).

Dicho en otras palabras, la Internet equivaldría a una infraestructura de carreteras, rutas áreas y marítimas distribuida de todo el mundo y el contenido de las páginas web serían los vehículos, embarcaciones y aviones que viajan a través de esa infraestructura transportando información. En este orden de ideas, es interesante tener en cuenta que la mayoría de veces que participas en una videoconferencia o envías un mensaje a través de WhatsApp, iMessage o Facebook Messenger, estás utilizando la Internet, pero no los servicios de la web.

En este contexto el primer desafío que surge es diferenciar la presencia en la web y el comercio electrónico, mientras que lo primero se enfoca en crear sitios web corporativos o cuentas en redes  sociales, que generalmente se utilizan para hacer posicionamiento institucional, desarrollar actividades de mercadeo, brindar información y promocionar la empresa; lo segundo, tiene como objetivo proporcionar una plataforma que permita realizar procesos de preventa, venta y postventa, donde la transacción se materialice a través del pago electrónico y la posterior entrega física del producto (bien o servicio), asegurando que los resultados de dichas operaciones se reflejen en la información contable y los estados financieros del negocio.

Un sitio web concebido para desarrollar actividades de comercio electrónico, generalmente debe integrar cinco grandes componentes funcionales: información institucional, portafolio de productos y/o servicios, procesamiento de órdenes de pedidos, una pasarela de pago y un sistema de seguimiento a las entregas.

Aclarado esto, de acuerdo con el portal hotsale.com, el comercio electrónico en Colombia, antes de la pandemia, venía creciendo de forma acelerada: entre 2018 y 2019 las ventas realizadas a través de internet crecieron 17% y el número de transacciones aumentaron 39%. Pero este panorama se transformó radicalmente con la pandemia, desde que comenzó el aislamiento social o, semanalmente el crecimiento de las ventas es del 8%, es decir, cada dos semanas esta modalidad crece lo que antes hacía en un año. 

Estas cifras nos ubican dentro del marco de tendencia de otros países que también han sufrido un fuerte impacto de la covid-19; en países como Francia, Italia y Estados Unidos, se ha identificado un incremento relevante del uso las tecnologías y, por consiguiente, cambios significativos de los estilos y comportamientos de compra de los consumidores.

En el marco de los nuevos escenarios de la pandemia y la pospandemia se ha discutido ampliamente sobre la importancia del posicionamiento de los negocios en la web, sobre todo si se tiene en cuenta que el crecimiento de estas formas de compra son una alternativa cada vez más valorada por los colombianos, no obstante, para la sociedad en general, el desafío de lo digital va mucho más allá de implementar plataformas virtuales de ventas, es necesario contemplar la necesidad de disminuir las brechas de acceso a la Internet, el cambio de mentalidad de los consumidores que aún son resistentes a la tecnología, en especial por la tecnofobia derivada del temor a los fraudes, así como el establecimiento de mecanismos que brinden igualdad de oportunidades para los campesinos, minoristas, pequeños empresarios y negocios emergentes.

Para las empresas de todos los tamaños y sectores, los desafíos tienen una amplia gama de vertientes, sin embargo, los más significativos frente a la reactivación económica son: a) Incursionar en el e-commerce, digitalizando procesos y servicios, b) Desarrollar estrategias de cumplimiento de plazos y entregas seguras y, c) Implementar mecanismos de pago en línea sin contacto físico. Con respecto a este último, los aspectos específicos más críticos son la aceptación de pagos con tarjeta débito/crédito, banca virtual y diferentes medios de pagos electrónicos, así como sistemas de optimización de recaudos, que permitan identificar el pago realizado por cada cliente, al tiempo que se actualizan los registros contables de la organización.

Desde el punto de vista gubernamental, es urgente articular iniciativas público-privadas que se traduzcan en la formulación de políticas públicas que asuman el comercio electrónico como una de las estrategias estructurales para el desarrollo económico del país, y establezcan un marco general que brinde mayor confianza y seguridad para los consumidores, al mismo tiempo que proporcione opciones para incrementar los niveles de productividad y competitividad de nuestras empresas, sin olvidar el tema de posibles estímulos económicos, incentivos y alivios tributarios.

Finalmente, y a manera de cierre, surge una pregunta: ¿será que nuestro sistema educativo y específicamente, nuestros colegios y universidades están desarrollando las competencias y apropiando las herramientas que les permitan a los individuos incursionar exitosamente en los contextos laborales o del emprendimiento, haciendo un máximo aprovechamiento de las posibilidades que la digitalización, la virtualidad y el comercio electrónico brindan?

Participación ciudadana: una asignatura pendiente en la gestión pública

La Constitución Política de 1991 concibió la participación ciudadana como un derecho fundamental para los colombianos. Esta figura fortaleció los mecanismos de participación existentes y abrió un espacio para que las personas y colectividades incidieran significativamente en el ámbito de lo público y en su cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y coexistencia con los entes de gobierno y administración pública.

En este orden de ideas, la sentencia No. 180 de 1994 de la Corte Constitucional estableció que la participación ciudadana:

  • Es un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades.
  • Es una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo.
  • Implica que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida.
  • Busca fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual.

Desde 1998 la Ley 489 estableció la obligación para todas las entidades de la Administración Pública, de incluir de forma explícita, en sus planes de gestión, planes de acción y planes de desarrollo, la forma en que facilitarían y promoverían la participación de los ciudadanos en su gestión. En el año 2015, el Estatuto de Participación Ciudadana, dio alcance a esta obligación, estableciendo que todas las entidades públicas, deben formular anualmente programas en donde se plasmen las actividades para vincular a las personas y los grupos de interés.

Para operacionalizar esto, el Gobierno Nacional diseñó el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que es el marco de referencia para que las entidades públicas planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía. Con el MIPG se busca facilitar la gestión de las entidades y orientarla hacia el logro de resultados en términos de calidad e integridad que generen valor para los ciudadanos, así como el acceso de éstos a la información y acciones desarrolladas por las entidades.

Las entidades públicas del nivel nacional y territorial deben asumir la participación como un elemento inherente a su gestión, formulando un Plan de Participación Ciudadana, que garantice los mecanismos para que las personas puedan participar en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, y se trascienda el enfoque tradicional de vigilancia y control. Para esto se deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Identificar ciudadanos agentes de cambio y representantes de las diferentes colectividades.
  • Definir mecanismos y canales de participación.
  • Establecer las áreas claves de intervención.
  • Incluir acciones transversales de capacitación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a servidores públicos.
  • Definir objetivos, indicadores y metas en cada una de las áreas.
  • Inventariar las necesidades de orden presupuestal, humanas, de infraestructura, materiales, etc.
  • Consolidar y socializar el plan estratégico.
  • Iniciar las gestiones de implementación.

La implementación en el territorio de una política pública de participación debe contemplar criterios como: la planeación inclusiva, los presupuestos participativos, el control social a lo público, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de instancias de participación ciudadana y de organizaciones sociales en estos procesos colaborativos.

Es importante acotar que la información juega un papel crítico en las dinámicas participativas, ya que no sólo se debe tener en cuenta la calidad, sino la facilidad del acceso a la misma, es aquí en donde se evidencian las mayores deficiencias del aparato estatal, por cuanto una óptima gestión documental, tanto física como virtual, de las entidades depende de la voluntad política de quienes estén al frente de la misma y se vincula directamente con la transparencia en la gestión.

El ejercicio pleno de la participación requiere ciudadanos que dispongan de información de calidad, es decir que cumpla con criterios tales como confiabilidad, irrefutabilidad, claridad, precisión, accesibilidad, oportunidad y vigencia. La naturaleza de la información dependerá de las necesidades específicas de cada grupo de interés, por ejemplo, se pueden presentar exigencias de contexto, normas aplicables y vigentes, términos para acceder a un derecho o procedimientos requeridos, entre otros.

Es importante aclarar que cuando se habla de participación ciudadana, ésta no se limita a quienes tengan la mayoría de edad, ya que los jóvenes también pueden ejercer este derecho y este deber, en especial a través de las Juntas de Acción Comunal y los Consejos de Juventud.

La participación se debe relacionar con todos los sectores y dimensiones de desarrollo, contemplando de forma integral lo social, lo económico, lo institucional y lo ambiental, pues tiene una especial importancia desde el punto de vista del fortalecimiento de las entidades públicas y la promoción del desarrollo comunitario.

Finalmente, y ante lo anteriormente expuesto, los invito a la reflexión con respecto a la siguiente pregunta: ¿Qué tanto han avanzado los municipios colombianos en el tema de participación activa de los ciudadanos?

La educación inclusiva en el contexto del aislamiento social

En las semanas iniciales del aislamiento social obligatorio decidí liderar campañas para que las personas aprendieran a utilizar herramientas de videoconferencias como mecanismos para desarrollar teletrabajo y clases bajo la modalidad de Enseñanza Remota de Emergencia. En ese trasegar tuve el privilegio de conocer la labor que se desarrolla a través de la fundación Fundown Caribe, desde entonces me sumé a su causa, y con ellos he venido indagando sobre las problemáticas asociadas con las dinámicas del trabajo virtual y remoto, contemplando aspectos de adaptabilidad e inclusión, entre otros.

Inicialmente, descubrí que Fundown Caribe es una organización de familias sin ánimo de lucro que viene realizando, desde hace más de 13 años, una labor maravillosa, y que en medio de la situación sanitaria actual, decidieron no claudicar en sus esfuerzos por continuar emprendiendo acciones que permitan promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la región Caribe.

Las iniciativas que llevan a cabo están relacionadas con la formación y orientación a la familia, docentes y público de interés, algunos de los temas que se abordan están relacionados con la dinámica del hogar, la salud y educación en casa, y es justamente en esta última, donde se han encontrado testimonios de estudiantes que han experimentado obstáculos para participar activamente de los procesos escolares.

Algunas de las dificultades son compartidas con la mayoría de la población estudiantil, y están relacionadas con la falta de conexión a la Internet, disponibilidad de computadores, impresoras o dispositivos móviles para acceder a los eventos y los contenidos de formación, sin embargo, existe una categoría de problemas que es particular para la población con discapacidad intelectual, y es la relacionada con el diseño de los eventos pedagógicos, actividades didácticas y contenidos realmente inclusivos, donde la palabra “todos” adquiera su real significado.

Los recursos materiales son parte importante en el ejercicio de la enseñanza y asumimos que en casa es posible contar con algunos de estos, e incluso construirlos, no obstante, desde la escuela no se tiene la certeza de que todos los hogares cuenten con los mismos, o que estén disponibles en el mercado debido a las restricciones de algunas actividades económicas. La triada escuela, familia y sociedad, debe fortalecerse y dar el giro necesario para aportar mayor continuidad a los procesos de formación considerando los requerimientos específicos de determinadas poblaciones, de forma tal que se garanticen las metas asociadas con la presencia, permanencia y progreso (PPP) de los individuos.

Muchos de estos estudiantes continúan asistiendo a clases regulares, sin embargo, los contenidos que están siendo abordados de forma remota no surtieron un proceso de diseño instruccional que tuviera en cuenta criterios de “accesibilidad cognitiva” o “lectura fácil”. Las guías con contenidos que se deben apropiar e instrucciones sobre las actividades a desarrollar, son parte fundamental del trabajo en casa, pero no pueden ser la única estrategia para asegurar el aprendizaje continuo.

Antes de seguir avanzando en esta conversación, analicemos dos conceptos, el primero de estos, la “accesibilidad cognitiva”, que de acuerdo con el portal Plena Inclusión de Madrid, incluye un conjunto de soluciones que hacen más fáciles y comprensibles los entornos, productos, servicios, tecnologías y contenidos, este tipo de accesibilidad incluye también soluciones para mejorar la señalización, la orientación y la localización de edificios; el segundo es la “lectura fácil”, concebida como una forma de adaptación de textos para personas con dificultades de comprensión, y propuestas para mejorar la usabilidad, navegación y localización en las páginas web. El portal DiscapNet, explica la “lectura fácil” como la forma en que los contenidos son resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, incluyendo en muchas ocasiones imágenes, dibujos o pictogramas, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual.


Resulta imperativo abordar la problemática a la luz del enfoque de la responsabilidad social integral y la participación con equidad, es decir, las instituciones de educación y el sistema en general, deben garantizar espacios de participación de niños, jóvenes o adultos, sin distingo de sus oportunidades, restricciones, capacidades o discapacidades. En este orden de ideas, del trabajo cercano con el equipo de Fundown Caribe aprendí que no son los individuos los que tienen necesidades especiales de aprendizaje, es el sistema educativo quien debe asumir el desafío de forma global, desarrollar capacidades, ofrecer oportunidades y proporcionar herramientas que garanticen la enseñanza para todos.


La pandemia nos ha dejado claro que nuestro paradigma educativo no estaba preparado para un proceso de adaptación tan turbulento, es el momento perfecto para flexibilizar los procesos de formación y hacer los ajustes necesarios para implementar –más allá del discurso de moda– una estructura robusta que garantice una verdadera educación inclusiva, y se brinden espacios adecuados y pertinentes para la sociedad en general.